Un plan de acción es la ruta de trabajo elaborada cada dos años conjuntamente por el Gobierno y la sociedad civil, en la cual se plasman una serie de compromisos claros y ambiciosos para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión. En Costa Rica el proceso de elaboración e implementación del plan de acción incluye también a representantes del sector privado y de la academia con el fin de hacer el proceso lo más inclusivo y participativo posible y así asegurar reformas de gobierno abierto perdurables.
Hasta la fecha, Costa Rica ha desarrollado cuatro planes de acción bianuales (2013-2014, 2015-2017, 2017-2019 y 2019-2022) en los cuales se han incluido un total de 67 compromisos.
Los planes de acción se deben construir por medio de procesos participativos que convoquen a todos los actores sociales interesados en aportar sus perspectivas, ya sean organizaciones de sociedad civil, empresas del sector privado, academia, instituciones públicas o ciudadanía en general. Para esto, se debe cumplir con los Estándares de Participación y Co-Creación de OGP, los cuales buscan asegurar una comunicación proactiva sobre el desarrollo del proceso de construcción del plan y sus avances, así como la apertura de amplios mecanismos de consulta y de involucramiento de la ciudadanía por diferentes medios, tanto presenciales como en línea.
¿Qué son los compromisos de los Planes de Acción?
Los planes de acción están compuestos por compromisos específicos, medibles y acotados que deben responder a los valores de transparencia, rendición de cuentas, participación pública y deben promover reformas ambiciosas de gobierno abierto que exijan al Gobierno a ir más allá del status quo.
Los compromisos deben ajustarse a una plantilla estandarizada elaborada por OGP, en la cual se deben incluir elementos como: la institución encargada de implementar el compromiso y sus contrapartes, una explicación de cómo el compromiso ayudará a resolver un problema social específico, hitos de cumplimiento, presupuesto, relación con otros planes gubernamentales, entre otros.
El Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) de OGP nombra a un investigador independiente por país miembro que se encarga de realizar una evaluación a cada Plan de Acción. Esta evaluación se divide en dos informes: un primer informe que examina el nivel del proceso de co-creación del Plan y de redacción de los compromisos, y un segundo informe que se enfoca en el cumplimiento final de los compromisos.
Los gobiernos también deben producir un Reporte de Auto-Evaluación al final del periodo de implementación del Plan de Acción. Este reporte debe examinar los resultados finales de las reformas y compromisos incluidos en el Plan, las consultas realizadas durante su implementación y las lecciones aprendidas.
En términos de ambición de los compromisos, el análisis realizado por el Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) de OGP determinó que el primer Plan de Acción de Costa Rica contó con un único compromiso que fue evaluado como estelar, mientras que el segundo Plan contó con dos compromisos estelares, tres significativos y uno excepcional.
En cuanto a su implementación, 10 de los 23 compromisos del primer Plan de Acción lograron ser completados o tener un avance sustancial al final de su periodo de vigencia. En el caso del segundo Plan de Acción, 16 de los 23 compromisos fueron completados o tuvieron un avance sustancial.
En lo que respecta a las áreas temáticas más comunes incluidas en estos tres planes de acción, la más común fue gobierno electrónico, a la cual se le han dedicado 18 compromisos. Le sigue el área de creación de capacidad con 13 compromisos y la promulgación de legislación y regulación con 5 compromisos. Otras áreas que se han incluido en los compromisos son: participación pública, lucha contra la corrupción, medio ambiente y clima, género, justicia, infraestructura y transporte, acceso a la información, contrataciones públicas, auditorías y controles, comunidades marginadas, migración y prestación de servicios públicos.
Algunas de las políticas públicas más significativas que han surgido de compromisos incluidos en los Planes de Acción incluyen al Mecanismo General de Consulta Indígena, el Índice de Transparencia en el Sector Público y la Política Nacional de Datos Abiertos.
Es importante resaltar que como parte de su compromiso por un Estado Abierto, Costa Rica incluyó en su tercer Plan de Acción Nacional compromisos específicamente enfocados en la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los gobiernos locales. Esta iniciativa se repetirá en el cuarto, con el objetivo de que éste se convierta en un verdadero Plan de Acción Nacional de Estado Abierto.